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PORTADA                                                   

  Diciembre, 06 de 2005 :: EL COMPLOT ::

   

 


 

Saludos cordiales a cada uno de los visitantes de esta página tanto Chavistas, no chavistas y aquellos que indagan por información tanto nacional como internacionalmente. Ante todos deseo manifestar que la presente página web no busca de manera alguna insultar la figura del presidente y la de sus partidarios sino compartir con los cibernautas de distintas regiones del mundo, mi reflexión y critica personal sobre la política pro-comunista que procura implantar el actual gobierno que representa Hugo Chavez Frías. Ejerciendo de esta forma la práctica de un derecho ineludible que en países como: Cuba, Corea del Norte y China no pueden ser ejercidos sin que no halla una reprimenda, censura y sanción por parte de los organismos del estado por el hecho de expresar mi opinión sobre lo que piense o deje pensar sobre el entorno que me rodea. 

 

 

Ante la disyuntiva de escribir o no, he decidido no renunciar a esta actividad, exigiéndome cada vez más, una mayor sinceridad y agudeza en cada una de mis apreciaciones cuyo objetivo único y primordial, es el de sentar constancia, sobre el delito que se esta cometiendo en nuestro país, el cual detallo a continuación:

 

 

Estoy convencido de que la izquierda comunista Venezolana, la fuerza armada, los poderes independientes de la república como el poder electoral, la defensoría del pueblo, la fiscalía, entre los principales; son cómplices en la consumación de un delito mayor contra el sistema democrático Venezolano, al procurar la implementación de un sistema comunista ante el cual los ciudadanos de este país;  no hemos sido informados al respecto y que por inferencia, contraste, comparación y deducción con otros sistemas de gobierno, se tiene a bien en concluir que se nos esta conduciendo a la asimilación y aceptación forzada de un nuevo modelo político y económico que es contrario a lo que entendemos por democracia. En consecuencia cada uno de los funcionarios públicos elegidos por medio del voto popular o designados por el poder ejecutivo, judicial y demás entes, que en ejercicio de las facultades que les otorga las leyes de la república bolivariana de Venezuela, que se muestran afines a la implementación de un sistema comunista tanto en su ideología como en su ejercicio practico, están consumando la ejecución de un acto que debe ser denunciado ante todas las instancias como subversivo.

 

 

Las instituciones democráticas y sus rectores principales en nuestro país; están llevando a cabo un GOLPE DE ESTADO dentro del estado. Ningún país del mundo debe convalidar la legalidad del gobierno Venezolano si su principal líder elegido a través de votos democráticos se profesa y confiesa como comunista.

 

 

La propia internet, la prensa y cientos de miles de registros incluyendo las reuniones del primer mandatario con líderes extranjeros, cuyos regimenes no son reconocidos como gobiernos democráticos como lo son:  Irán, China y Cuba y ante la incipiente democracia Rusa, que en acto oficial por la compra de armas a este país;  el presidente  manifestó en éste y en anteriores encuentros con  discursos de carácter oficial, que su movimiento denominado "revolución" persigue el fin de consumarse como un sistema de índole comunista, lo que pone de manifiesto, claro y certero, de que el primer mandatario ha atentado y violado la principal función definida en la constitución para el ejercicio de la presidencia, que es la defensa y vigencia del texto constitucional que en ninguno de sus articulados define el termino "revolución" ni su praxis. 

 

 

Textualmente la constitución no marca diferencias entre el sistema comunista y el sistema reconocido y abrogado por el país como democrático. Pero si recoge la advertencia de que proceder en contra de su espíritu y dirección es un delito constitucional.  El presidente al presentarse en actos oficiales y proclamarse comunista, está violentando la ley y al realizar estas intervenciones en auditorios públicos, no sólo esta asumiendo esta responsabilidad en su persona y cargo, sino que está atentando contra la república, al incitar la consumación de un delito mayor de estado.

 

 

Para esta oportunidad no estoy cuestionando la próvida y efectividad del manejo y administración de los recursos del estado. Ni evaluando las políticas acertadas o no en materia electoral o social. Simplemente y ante mi propio asombro. Al examinar diversas declaraciones oficiales cuya fuente es el propio presidente, he constatado que ningún articulo de la constitución lo faculta para incitar, promover, divulgar y profesar la praxis del sistema comunista.

 

 

Queriendo recalcar este punto, dejo en su consideración la interpretación de las implicaciones que comporta esta denuncia. Nadie pone en duda el origen legal del ejercicio de la presidencia. No Obstante; el soberano quien en ejercicio de su derecho al voto, avala el texto constitucional y lo reafirma como la ley máxima para el desempeño y ejercicio de los poderes públicos, está obligado a exigir que se cumpla con los principios de legalidad que allí se expresan.

 

 

Los Venezolanos debemos exigirle al Tribunal Supremo de Justicia que le aclare al país la consistencia legal del movimiento denominado "revolucionario" y que se pronuncie sobre las declaraciones realizadas por el presidente al profesarse como activista de la praxis comunista.  El TSJ esta obligado a atender esta solicitud constitucional como poder independiente. 

Ahora bien; si el TSJ no puntualiza este importante y trascendental asunto como la mayoría de los Venezolanos podemos intuir. En virtud de que este poder también se presume que ha sido confiscado por el poder ejecutivo tanto en la selección y composición de su miembros y coaccionando sus decisiones para labrarse un manto legal que acepte el cambio de sistema de democrático a comunista (lo que llaman socialismo del siglo XXI) pues este poder tendrá que ser considerado por el pueblo soberano de Venezuela y por el resto de los países del continente como subversivo.

 

 

No será la primera vez que un gobierno democráticamente elegido atente contra el estado mismo, provocando su ruptura con el objeto de imponerse a manera de dictadura. Este accionar es a todas luces inconstitucional y viola cientos de tratados subscriptos con anterioridad por Venezuela ante la comunidad internacional. Por lo que la invocación de la carta democrática de la O.E.A. se hace indispensable para evitar que en nuestro país se de el terrible escenario de una guerra civil.

 

 

El presidente elegido "democráticamente" contraviniendo su rol demócrata, ha amenazado en actos oficiales con que la llamada "revolución" está armada hasta los dientes. Claramente se puede intuir que cualquier manifestación que contravenga los deseos y objetivos que plantea la mencionada "revolución" serán contrarestada haciendo uso la fuerzas armadas del estado.

 

 

Esto plantea la inquietante anormalidad en la que estamos viviendo, ya que dicha cita plantea, que el gobierno a nombre de una supuesta mayoría, no vacilaría en verse ante el desarrollo de una confrontación armada contra los civiles que no son parte del proceso revolucionario.  Este señalamiento implica; no la instauración del orden sino el uso de la fuerza tanto armada como psicológica dirigida a la población con el fin único de doblegarla sin aceptar de forma alguna su oposición ante una eventual conversión de nuestro sistema por el comunista.

 

 

En otras palabras el gobierno y su militancia están dispuestos a sumir a Venezuela en una guerra civil promulgando una falsa defensa de la democracia cuando en realidad se esta encubriendo a un movimiento comunista. Este escenario aparece en los registros ideológicos del primer movimiento fundado por el presidente Chávez llamado MBR-200 cuyo redactor es Guillermo García Ponce, principal activista del partido comunista de Venezuela.

 

 

Por todas estas razones invoco a quien lea estas líneas siendo su rol en la sociedad próximo a la actuación político-jurídica en Venezuela, de que se canalice la mencionada aclaratoria por parte del TSJ. De su dictamen se podrán establecer a futuro, la responsabilidades penales de nuestros actuales dirigentes contra la nación, ante una eventual guerra civil que nadie cuyo pensamiento democrático desea que se de.  

 

 

 

  CITIZEN // Por una Venezuela libre del comunismo...!